ELN manifiesta que está un punto de iniciar un proceso formal de paz con el Gobierno

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN, anunció que solo falta un punto para formalizar con el Gobierno colombiano el inicio de un proceso de paz, en el marco del desarrollo de las conversaciones exploratorias que se han venido adelantando.

“En la mesa se ha avanzado en la confección de una Agenda, que aún no se ha concluido, falta sólo un punto y se trabaja por delimitarlo con claridad, para que sea con base en acuerdos y no con presiones o imposiciones. De lo que se ha avanzado, pese a las dificultades, pueden dar cuenta los países garantes y no lo que nosotros digamos” dice uno de los apartes en una nota publicada en el sitio web del ELN.

Sin embargo, en una misiva que envió a Human Rights, el máximo cabecilla del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino” indica que “la demora en abrir una fase pública de diálogos de paz, tiene dos causas: la primera se debe a los incumplimientos del gobierno con las citas acordadas y la segunda se encuentra en que el Gobierno reduce la firma de la paz a la desaparición de la guerrilla, mientras se niega a comprometerse con los cambios que necesita Colombia”.

Alias “Gabino” añade que “la paz para Colombia vendrá si se debaten todas las causas que crean el conflicto armado, pero el Gobierno se niega a dar tal debate y por tanto cierra posibilidades, para explorar soluciones a dichas causas”.

“Como Ustedes, también tenemos la convicción de que la negociación política es la salida a la confrontación armada, por lo que pese a los obstáculos presentes, persistiremos en aportar a una solución política del conflicto colombiano y en esta visión valoramos indispensable la participación de la sociedad en el proceso de paz”, concluye el cabecilla del Eln.

Mientras, en la nota publicada en su página web, en la que advierte que solo falta un punto el grupo subversivo señala “Que haya o no divisiones en el Eln es otro “cuento chino”. Lo llamativo es que en el asunto de la paz existe unidad interna, mayor consenso y un acuerdo político sólido que el máximo evento democrático, el Quinto Congreso del ELN, concluido el 7 de enero pasado, da testimonio en su Declaración Política”.

También reseñan que “sobre el accionar armado del Eln en esta coyuntura política, corresponde a la lógica que el presidente Santos persiste en mantener: “hacer la paz en medio de la confrontación militar”.

Manifiestan que el presidente Santos “considera que gana más réditos políticos con amenazar a la insurgencia; dice que la paz es “a las buenas o a las malas”. Sin embargo, el grupo guerrillero advierte que “en política algunos acuerdos se pueden hacer a las malas, pero la paz… jamás”.

En el aparte final señalan “el sentido común dice que a la paz se llega con hechos de paz y mensajes de paz, no con amenazas y más guerra, como la que adelanta el gobierno contra todos los sectores sociales que actualmente reclaman sus derechos: camioneros, indígenas, campesinos, trabajadores petroleros, mineros, magisterio, empleados estatales, usuarios de servicios públicos, desempleados, etc.”

“El gobierno habla de paz pero intensifica la guerra contra el pueblo, esperamos que esta realidad cambie, para que la paz esté más cerca”, concluye la nota.

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Uribe pide extender proceso de paz con Farc para evitar acuerdos “dañinos”

El expresidente y actual senador Álvaro Uribe, respondió este domingo a la carta de invitación que el procurador general, Alejandro Ordoñez, le hizo para que su partido Centro Democrático, evaluara la invitación del presidente Santos a participar en la Comisión Asesora para la Paz.

Uribe no respondió de manera directa sino que en su respuesta explicó todas sus dudas y objeciones que su partido tiene sobre el proceso de paz con las Farc.

Anunció que el Centro Democrático tendrá un grupo de estudio sobre el proceso en La Habana, de la que hacen parte él, Carlos Holmes Trujillo, óscar Iván Zuluaga, el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo y el senador Alfredo Rangel.

Uribe en su comunicación reitera en el deterioro de la seguridad, la desmotivación de las Fuerzas Armadas y la desconfianza de la ciudadanía, también manifiesta que los cabecillas de la guerrilla que se desmovilicen deben ir a la cárcel, así las sentencias sean reducidas y no deben ser elegidos para cargos políticos.

Señala también que se le exija a la guerrilla entregar el dinero mal habido para la reparación de las víctimas. “Sugerimos que es mejor prolongar el período de conversaciones, tanto como sea necesario, para evitar firmar acuerdos dañinos a nuestra democracia. Pero la paciencia en el diálogo debe complementarse con la urgente garantía de la cesación de la violencia, es por esto que insistimos que el cese unilateral de actividades criminales del terrorismo, que sea verificable, para lo cual requiere concentración en un sitio”, dice Uribe en su comunicación.

El senador concluye diciendo que la comisión de estudio del Centro Democrático le seguirá exponiendo al procurador sus preocupaciones sobre el proceso de paz y que hará lo mismo con otras personas como el exsecretario de la ONU Kofi Annan, la ONU, la comunidad internacional, el expresidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Álvaro Leiva y Antonio Navarro.

Aquí está la carta de respuesta del senador Uribe al Procurador:

Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación

Respetado señor Procurador:

Quiero agradecer a usted la carta del 11 de Marzo y remitirle algunos comentarios sobre el proceso que se adelanta en La Habana entre el Gobierno Nacional y un grupo narco terrorista. Estos iniciales comentarios serán periódicamente complementados por un grupo de estudio del Centro Democrático del cual hacen parte, entre otros, el director del partido doctor Óscar Iván Zuluaga, el coordinador de asuntos internacionales doctor Carlos Holmes Trujillo, el senador Alfredo Rangel y el ex comisionado de paz doctor Luis Carlos Restrepo.

Desde el inicio de este Gobierno hemos presentado nuestras preocupaciones por el deterioro de la seguridad, que tiene entre sus causas el abandono del compromiso presidencial, la desmotivación de las Fuerzas Armadas y la desconfianza de la ciudadanía. Tanto en las normas jurídicas aprobadas como en el discurso político oficial se ha igualado a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, ubicándolos a ambos en la categoría de actores del conflicto. De ahí se deriva el error de considerar tan válido que el terrorista secuestre o asesine al soldado o policía como que estos, representantes del Estado, produzcan la captura o baja legítima del terrorista. Hemos expresado que las soluciones judiciales a soldados y policías no deben depender de acuerdos de La Habana. Hemos propuesto tribunales de revisión de sentencias y estamos en el estudio de una instancia adicional con el beneficio de libertad condicional. Nuestras Fuerzas Armadas han sido elementos profesionales de la democracia, que no pueden ser igualadas a ejércitos que sirvieron a dictaduras para enfrentar insurgencias libertarias. Mientras el designio del terrorismo es el delito, así lo denominen el “derecho a la insurrección”, la tarea de las Fuerzas Armadas es la seguridad, en cuyo cumplimiento han demostrado determinación para sancionar al integrante que viole la ley.

La delincuencia está hoy más poderosa que hace cinco años, ha recuperado vocería política y capacidad para la acción criminal. También ha sofisticado sus prácticas; hay menos carros bombas y están ausentes los secuestros espectaculares, pero hay más extorsión con el explosivo selectivo.

Las redes comunitarias de apoyo a la seguridad han sido liquidadas y crece el número de ciudadanos, que por no encontrar apoyo en el Estado, se abstienen de denunciar al delincuente, prefieren pagar la “vacuna” y acatar la orden terrorista, por ejemplo, de sembrar coca y no palma africana. No obstante la alianza entre guerrillas y bandas criminales, estas últimas se presentan como paramilitares o autodefensas en algunas zonas del país.

Aceptamos que la base humana de los grupos terroristas, una vez reinsertada, no vaya a la cárcel y se le reconozca el derecho de elegibilidad política. Reiteramos que los cabecillas, responsables de atrocidades, deben ir a la cárcel, así las sentencias sean reducidas, y no deben gozar de elegibilidad política. Esto no solamente por los compromisos internacionales de Colombia sino por los ejemplos elocuentes de la historia que demuestran que la impunidad, o falta de cárcel, es un mal referente que genera nuevas violencias. Y algo más: el grupo Farc ha despreciado múltiples oportunidades generosas de diferentes Gobiernos, aprovechadas para rearmarse, incluso el Presidente Betancur les perdonó, integrantes como Iván Márquez y Braulio Herrera estuvieron en el Congreso y regresaron al terrorismo.

La generación de nuevas violencias por falta de cárcel a los cabecillas niega a las víctimas la principal reparación que es el derecho a la no repetición de la acción criminal.

A propósito de las víctimas reclamamos que se exija a los criminales la entrega del dinero mal habido para repararlas. Farc es considerada entre los tres grupos terroristas más ricos del mundo.

La simple dejación o declaración de no uso de las armas es insuficiente; se requiere que sean entregadas y destruidas, no sería libre la expresión ciudadana de acudir a cualquier instrumento de ratificación con un terrorismo armado.

Pensamos que la participación violenta del terrorismo en la incitación de invasiones de tierras en el Cauca, el crecimiento de los cultivos de droga en el Catatumbo, el control territorial de áreas, la amenaza al Centro Democrático, como ocurrió con la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga, el asesinato y la extorsión, acreditan que el cese unilateral anunciado por el terrorismo es una burla o la demostración de que una cosa es La Habana y otra la independencia de quienes delinquen en Colombia.

Nos preocupa la limitación a la democracia y a la iniciativa económica privada que se desprende de los textos de La Habana, de las acciones del terrorismo que el Gobierno acepta, y de las políticas económicas que empiezan a mostrar sus perversos resultados. El empresarismo agropecuario es atemorizado, varias industrias buscan instalarse en el exterior, no hay política de emprendimiento, al campesino abandonado se le ofrecen las zonas de reserva que han demostrado ser feudos del terrorismo. En síntesis la economía vuelve a comportamientos mediocres con sus efectos nocivos en las políticas sociales. Y si esto sucede en el Gobierno que prometió lo contrario, ¿qué esperar en uno de transición que anuncian para llegar a otro con determinante participación e influencia del terrorismo?

Nos desorienta que el Gobierno en la campaña dijo que era mentira que fuera a legalizar el narcotráfico y ahora proponen que este crimen, financiador del terrorismo, como también el secuestro, el reclutamiento de menores y otros, sean convertidos en delitos políticos para garantizar la impunidad de los perpetradores.

Nos desorienta que en la campaña el Gobierno dijo que era mentira que estuviera negociando un cese bilateral y ahora formaliza la parálisis de la aviación, que venía cumpliendo, cuando esta es la herramienta más eficaz contra el terrorismo.

Nos desorienta que en la campaña el Gobierno dijo que era mentira que fuera a aceptar impunidad, y ahora, no solamente quiere concretarla con la definición como delitos políticos de crímenes atroces, sino que acude al Gobierno de España, que encarceló al grupo terrorista ETA, para que gestione en la Corte Penal una dispensa al Gobierno de Colombia para no encarcelar al narcoterrorismo.

Nos desorienta que el Gobierno un día niega gestiones en los Estados Unidos para liberar de la cárcel a un narco terrorista que utilizó información financiera privilegiada para secuestrar ciudadanos del Cesar, y posteriormente, para preparar la noticia, lo confiesa con la sutileza propia del engaño sin dolor.

Nos desorienta que el Gobierno acoja la vieja tesis del dramaturgo según la cual todos los ciudadanos “deben ser convertidos en malos para que a los verdaderamente malos se les pueda perdonar”.

Debemos advertir que aquellas leyes, utilizadas en otros países para perdonar a todos, incluidos los no culpables, con el único interés de dar impunidad a los criminales, han demostrado su ineficacia doméstica e internacional. En un país terminaron los militares en la cárcel y los guerrilleros en el poder, en otro ha faltado un voto para derogar la norma, en uno más revocan la sentencia que absolvió la masacre y que sirvió para sellar acuerdos políticos.

Debemos recordar que nuestra democracia ha tenido la virtud de mejorarse y ampliarse sin necesidad de pactar con el terrorismo. Ha sido el accionar terrorista la principal causa de freno a los procesos económicos y sociales de construcción de prosperidad y equidad.

Debemos manifestar nuestra angustia por el retroceso del País, que el Gobierno ha sabido desviar con la concentración de la atención en la ficción de que todo se resolverá con el “posconflicto”.

Nos entristece tener que pensar que ha sido más consecuente el terrorismo en su visión desastrosa para el país que el Gobierno en su obligación de defender la democracia y la iniciativa económica privada.

Señor Procurador: comprendemos que el terrorismo está más fuerte hoy que hace cuatro años cuando se encontraba en proceso de desarticulación, entendemos que es más difícil hoy exigir aquello que debió exigirse al inicio de la negociación. Sugerimos que es mejor prolongar el período de conversaciones, tanto como sea necesario, para evitar firmar acuerdos dañinos a nuestra democracia. Pero la paciencia en el diálogo debe complementarse con la urgente garantía de la cesación de la violencia, es por esto que insistimos que el cese unilateral de actividades criminales del terrorismo, que sea verificable, para lo cual requiere concentración en un sitio. No nos opondríamos a que la supervisión en esa ubicación geográfica estuviera a cargo de órganos internacionales. Mientras estén allí concentrados y vigilados podrían mantener las armas cuya entrega definitiva sería al momento de firmar los acuerdos. Podría considerarse que el tiempo de ubicación en un sitio se cuantifique para descontarlo del periodo carcelario.

La Comisión de Estudio del Centro Democrático, anunciada en el primer párrafo de esta carta, además de otros compañeros y mi persona, seguirá exponiendo nuestras preocupaciones a usted como representante de la comunidad en el Ministerio Público, a la ciudadanía en nuestro diálogo cotidiano, a Kofy Annan, a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional. También pondremos estos apuntes en conocimiento del ex Presidente Andrés Pastrana, de los doctores Marta Lucía Ramírez, Álvaro Leiva y Antonio Navarro.

Me suscribo del señor Procurador con el mayor respeto,

Álvaro Uribe Vélez

Rionegro, Antioquia, Marzo de 2015

Santos ordena suspender bombardeos durante un mes contra las Farc

santos presidnete

El presidente de la república, Juan Manuel Santos ha anunciado este martes que ha dado la orden de suspender por un mes los bombardeos hacia la guerrilla de las Farc, medida que busca disminuir la intesidad al conflicto en el país mientras se continúan los díalogos de Paz en La Habana. Santos ha sido enfático, al manifestar que si registra alguna amenaza contra la población, reanudará los bombardeos.

Una vez terminado ese mes, el Gobierno hará una revisión del cumplimiento del cese unilateral indefinido que la guerrilla declaró en diciembre pasado y que hasta el momento se cumple sin por el grupo insurgente. De acuerdo con esa evaluación, se decide si continúan o no los bombardeos. Hay que reconocer que lo vienen cumpliendo. Así me lo han confirmado los comandantes militares y de la Policía, y los gobernadores y alcaldes en los territorios”, ha manifestado Santos haciendo referencia a la tregua de las Farc.

La suspensión de los bombardeos, calificado como “conveniente” por el presidente, dado a los avances del proceso de paz que ya cumple dos años y cuatro meses, no incluye al Ejército de Liberación Nacional ELN, la segunda guerrila de Colombia. Por el contrario, se intensificarán las acciones militares contra este grupo del que actuelmente lo integran cerca de 1.500 combatientes y con el que se habían iniciado conversaciones exploratorias sin que hasta el momento se haya llegado a algún avance.

“En lugar de entrar en sintonía con el desescalamiento y la búsqueda de la paz, ha continuado y hasta incrementado sus actividades delictivas”, manifestó Santos. Sin embargó queda el interrogante de cómo se ejecutará esta suspensión en los lugares donde convergen las dos guerrillas.

Para Santos, es claro que los colombianos quieren empezar a sentir que la guerra disminuye y recordó que se han tomado decisiones en ese aspecto, así se siga negociando con las Farc en medio del conflicto.

Primero fue la tregua indefinida que declaró la guerrilla el pasado 20 de diciembre, y posteriormente su decisión, no exenta de reclamaciones de no volver a reclutar niños menores de 17 años.

El sábado 7 de marzo, el proceso de paz mostró otro avance, pues los negociadores de paz decidieron empezar inmediatamente y conjuntamente, el desminado de los territorio que se encuentran en mayor riesgo, algo histórico para el país y que ha sido recibido con beneplácito casi que por unanimidad.

Las minas están sembradas en más del 50% del territorio colombiano según cálculos oficiales, y costará cerca de 200 millones de dólares, las Farc brindarán información sobre la ubicación de las minas que han sembrado y los militares realizarán la labor de la desactivación.

“Las minas antipersonal son una llaga en el corazón y una vergüenza de Colombia que vamos a eliminar” expresó Santos.

En su alocución, Santos aprovechó para anunciar la creación de una comisión que agrupe a diferentes sectores de la opinión pública, incluidos rivales políticos, para que lo asesoren en el último bloque del proceso de paz, ya que está por definirse temas tan delicados como la justicia que se le aplicará a los guerrilleros y cómo será su dejación de las armas.

En el grupo está el profesor Antanas Mockus, exlcalde de Bogotá y a quien Santos le ganó en su primer mandato, y la excandidata presidencial Clara López por la izquierda, entre otros. El opositor Óscar Iván Zuluaga, alfil del uribismo y el expresidente conservador Andrés Pastrana, ambos críticos de las negociaciones, también fueron invitados. Este último ya aceptó: Colombia está por encima de cualquier diferencia política”, escribió Pastrana en su cuenta de Twitter. Zuluaga, por su parte dijo que no actúa a título personal “Represento la institucionalidad del partido de oposición. Seguiremos trabajando desde nuestro partido para presentar propuestas con el fin de alcanzar paz con justicia”.

El presidente colombiano explicó que la idea de convocar a una comisión para integrar y escuchar a diversos sectores para que lo “ayuden a acertar”. “La paz es de todos los colombianos. Por eso los necesito a todos, no importa si son críticos del proceso”, indicó en su llamado a la unidad.

Gobierno y Farc anuncian acuerdo histórico para iniciar desminado

Este sábado los negociadores del Gobierno y las Farc anunciaron una histórica decisión, para iniciar un poceso de desminado humanitario en todo el territorio nacional y contará con acompañamiento de la comunidad internacional.

En un comunicado conjunto, leído por Dal Halvor Nylander, delegado del gobierno noruego, los int egrantes de las partes manifestaron que la intención es quitar todas las minas en el país “minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra”.

Para esta tarea se trabajará en un equipo conjunto conformado en grupos que estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública y las Farc, algo que como lo reconocieron las partes, es un paso para el desescalamiento del conflicto.

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, argumentó que este proceso se desarrollará de manera conjunta con las comunidades que residen en las zonas afectadas, con el onjetivo de minimizar el riesgo de eventuales víctimas de estos artefactos.

“Será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las Farc, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley, para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminado. El Batallón de Desminado del Ejército Nacional (BIDES) se encargará de la limpieza y desminado de las zonas bajo la coordinación de Noruega”, dijo De la Calle.

Esta decisión es la principal conclusión del ciclo 33 que cierra este sábado en La Habana, pues Colombia es considerada uno de los países del mundo con mayor índices de víctimas por cuenta de las minas antipersona.

“La propuesta de desminado es un primer paso pero un paso gigante hacia la paz. Esto es una muestra de que estamos trabajando en la dirección correcta”, indicó De la Calle.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, expresó que este acuerdo al que se ha llegado para comenzar el desminado es “un paso importantísimo y necesario para demostrar que vamos en el camino correcto para ponerle fin a un conflicto que nos ha desangrado por más de 50 años”.

“Quiero valorar este paso que dan las Farc porque nos va llevando cada vez más a ese objetivo que es la paz”, indicó.

La siembra de una mina antipersona cuesta cerca de tres dólares, pero su ubicación y desactivación en un perímetro de cuatro metros puede costar alrededor de mil dólares.

Inicia ciclo 32 de los diálogos de paz entre Gobierno de Colombia y Farc

Se inició el ciclo número 32 de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las Farc en La Habana, Cuba, que tratará los temas de reparación a las víctimas, justicia transicional y fin del conflicto.

El comienxo de este nuevo ciclo se produce en medio del cese del fuego unilateral e indefinido anunciado por las Farc desde el pasado 20 de diciembre.

Este ciclo se abordará el sensible tema de la reparación de las víctimas, un punto complejo de estos diálogos pues ambas partes se acusan mutuamente por la violencia de un conflicto que ha dejado más de 200 mil muertos y 5,3 millones de desplazados en 50 años.

Este es el cuarto punto ha debatir de los seis que tiene la agenda y que comenzó a analizarse en agosto pasado, se ha cumplido la visita de 60 víctimas, que llegaron a La Habana para dar sus testimonios organizados en grupo de 12 personas.

Hasta el momento se ha logrado acuerdos en los temas relacionados con el desarrollo rural, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.

Falta también dirimir el capítulo sobre las víctimas, y debatir el abandono de las armas y el mecanismo para refrendar un posible acuerdo de paz.

En un comunicado emitido entre el Gobierno y las Farc señalaron que el 10 de febrero los expertos que hacen parte de la Comisión GHistórica del Conflicto y sus Víctimas entregarán sus informes y los relatores estarán presentes y presentarán el informe síntesis.

El 11 de febrero se recibirá la segunda delegación de organizaciones, en el marco del trabajo de la subcomisión de género.

También se acordó que durante el ciclo, las delegaciones discutirán el alcance y metodología de trabajo de la subcomisión del punto 3 que trata el fin del conflicto.

Posible diálogo con el ELN

Por su parte el presidente Juan Manuel Santos en el programa gubernamental Agenda Colombia, manifestó que cuando se tenga algún acercamiento con el grupo guerrillero ELN el anuncio será oficializado, para entablar diálogos con este grupo.